El cambio climático es una realidad, y su combate un compromiso ineludible. En varias ciudades de América Latina se está consciente del desafío. Basta subirse a un autobús ecológico en Cartagena, recorrer las nuevas ciclovías de Buenos Aires y Ciudad de México en “Ecobicis” o contemplar cómo cada vez más edificios son construidos bajo una lógica de sustentabilidad con base en “códigos verdes”.
Estas ciudades (como muchas otras alrededor del mundo) van a la vanguardia en invertir en proyectos que contribuyen a reducir emisiones y luchar contra los efectos del calentamiento global. Sus alcaldes no están cruzados de brazos a la espera de que el consenso internacional responda a esta amenaza. América Latina ya es la región más urbanizada del mundo con casi el 80 % de la población viviendo en ciudades. Y los municipios están enfrentando desafíos no solo relacionados con el cambio climático, sino con el crecimiento acelerado de sus ciudades, como son las dificultades de transporte urbano, la infraestructura insuficiente y la seguridad de sus ciudadanos.
A nivel mundial, las ciudades -que crecen a razón de 65 millones de personas por año-consumen dos tercios de la energía global y generan el 70 % de las emisiones mundiales de carbono. Los habitantes de zonas urbanas requerirán millones de empleos, viviendas más accesibles, transporte para trasladarse al trabajo, agua potable y saneamiento para preservar la salud de las familias y un suministro eléctrico confiable, lo que supone un costo que asciende a miles de millones de dólares. Se estima además que el porcentaje de ciudadanos pobres que viven en ciudades y que se ven desproporcionadamente afectados por los desafíos de la urbanización, crezca. Y son los alcaldes o dirigentes municipales quienes al estar más cerca de los ciudadanos reciben mayores presiones para mejorar los servicios públicos. Es por ello que las ciudades son hoy el lugar más apropiado para generar nuevas ideas y programas con impacto.
En primer lugar, han comenzado a ofrecer incentivos para la inversión privada y a buscar formas de aprovechar los recursos públicos para atraer empresas privadas en áreas que se consideraban muy riesgosas o no suficientemente rentables. Las autoridades nacionales deben mostrarse más dispuestas a permitir que los gobiernos locales obtengan préstamos y ejerzan un grado significativo de control sobre sus ingresos y gastos, y respaldar así la descentralización fiscal, una necesidad para permitir la inversión privada. Ello implica también un manejo transparente de las finanzas públicas municipales, con una rendición de cuentas efectiva.
En segundo lugar, las ciudades han comenzado a analizar con rigor sus finanzas para mejorar su capacidad crediticia. Con una gestión financiera más sólida, transparente y mejores calificaciones crediticias, las ciudades tendrán más acceso a la inversión y más capacidad de aprovechar los mercados de capital locales e internacionales. En la actualidad, solo el 5 % de las 500 ciudades más grandes de los países en desarrollo se consideran solventes en los mercados internacionales.
Recientemente, algunas ciudades han realizado importantes inversiones para luchar contra el cambio climático. El sistema de autobuses rápidos de Cartagena, en el que se utilizan vehículos de gas, carriles exclusivos, rutas simplificadas, estaciones elevadas y mecanismos de pago con tarjetas inteligentes, ha permitido a los usuarios ahorrar más de la mitad en sus pasajes. Además, el sistema reduce casi en 70 % las emisiones de dióxido de carbono.
El municipio que nos merecemos, es un espacio donde la planificación para el desarrollo pasa por la visión compartida de futuro, desde y para las comunidades, con y para los ciudadanos, donde las mejores prácticas de países y ciudades sean ejemplos para seguir, donde con un verdadero diagnóstico de nuestras capacidades podamos pensar en cómo mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y como punto más emblemático que el manejo de los recursos públicos sea eficiente y sin duda alguna, trasparente para cada acción ejecutada. Es así, como un municipio puede propender un mejor desarrollo para sus ciudadanos, partiendo de la confianza de sus habitantes y de tomar las mejores prácticas de otros cuyos errores ya debieron ser superados.
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