El futuro inmediato de la Administración Pública pasa por su modernización y su adaptación a una sociedad cada vez más digitalizada sin olvidar, por supuesto, a todo un sector de la población que careciendo de los conocimientos tecnológicos mínimos merece, como todos, el servicio más eficaz a sus intereses. No se trata de retos o desafíos nuevos pues son conocidos desde hace años, sin embargo, sí son cada vez más acuciantes y la crisis sanitaria del COVID-19 no ha hecho sino poner en negro sobre blanco las carencias de nuestra Administración Pública en este sentido.
Manteniendo siempre la mirada puesta en la exigencia constitucional a la Administración de servir eficazmente y con objetividad a los intereses generales, entendemos que entre las múltiples modernizaciones exigibles al Sector Público destacan las siguientes:
· La simplificación de trámites y procedimientos administrativos, eliminando cargas burocráticas inútiles, así como su agilización para conseguir acortar los plazos de resolución.
· Aumentar la inversión en capacitación en las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) tanto entre la ciudadanía como entre los empleados públicos. De esta forma se logrará aumentar la cantidad de procedimientos gestionados en vía telemática, su agilidad y su eficacia.
· Ante el aumento imparable de la Administración electrónica y ante el riesgo de que la generalización del uso de las TIC en los procedimientos administrativos pueda suponer una disminución en los derechos y garantías de los administrados se deberá implementar el gasto en ciberseguridad para proteger los sistemas de la Administración y realizar los oportunos análisis de riesgo.
· Orientar las herramientas de inteligencia artificial al servicio de la Administración y el Big Data al análisis de las necesidades públicas reales y dirigir consecuentemente hacia estas las políticas públicas.
· Afrontar el reto del relevo generacional de la Administración Pública y mejorar los criterios de selección de empleados públicos primando la formación y el talento sobre otras aptitudes.
· Por último, en relación con los compromisos adquiridos en relación con la Agenda 2030, la Administración Pública deberá redoblar sus esfuerzos en políticas orientadas a paliar situaciones de despoblación y atención al medio rural, reducir brechas digitales, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y afrontar desafíos como el de la inmigración.
En fin, como se puede apreciar, son objetivos tan ambiciosos como necesarios y en buena parte su éxito dependerá tanto de la voluntad política como de las dotaciones presupuestarias. Pero eso escapa de nuestra competencia.
En EL MUNICIPIO QUE NOS MERECEMOS, debemos pensar en la ejecución de políticas que permitan acercar al ciudadano al gobierno local, haciéndolo parte de este, permitiendo así, la efectiva participación y la transparencia del gobierno local en sus actuaciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de su ámbito de acción, eso es lo que nos merecemos.
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