De acuerdo a la legislación venezolana, el servicio de transporte público urbano es competencia de los municipios, aun cuando existe competencia nacional en cuanto a las condiciones para la prestación de los servicios de transporte público, es por esta razón que en el país existe una política nacional de transporte urbano que define los lineamientos de las políticas locales. La Política Nacional de Transporte Urbano fue reformulada en el año 2001, y tiene como lineamientos principales: la organización de los poderes públicos; la asistencia financiera al sector; el aumento de la calidad del transporte urbano; la capacitación y modernización del sector y la adecuación de la infraestructura al transporte urbano, teniendo como encargado de implementar esta política a la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), la cual debe trasladar a los municipios los fondos y el apoyo técnico necesario para la implementación de esta política a nivel local, que como se señala anteriormente incorpora un componente de calidad, por lo menos en lo formal.
En todo el país, el servicio de transporte público urbano es prestado por empresas privadas, de diferentes modalidades, cooperativas de transporte, asociaciones civiles, entre otros; pero una de las características principales, al igual que en muchos países latinoamericanos, es que el servicio es prestado por individuos, que ante la crisis económica que han vivido estos países han encontrado como empleo su incorporación laboral en la prestación del servicio de transporte. Esta modalidad de prestación de servicio es perfectamente legal dentro de la política nacional y local de transporte, porque como lo establece la Ley, aun cuando es responsabilidad del municipio la prestación del servicio, no necesariamente tiene que ser prestada por él, pero este, debe ser el garante de la prestación del mismo, para lo cual puede utilizar diferentes modalidades como lo es que los privados presten el servicio, y el municipio regule y controle este.
La actual crisis económica en el país, ha hecho que este servicio pierda el norte en cuanto a calidad se refiere, ya que la reposición de unidades de transporte es casi imposible realizarla y que la repotenciación esta menguada por la falta de repuestos o los costos de su adquisición, sin embargo, el aumento en las tarifas se hace proporcional a las variaciones inflacionarias, haciendo casi insostenible que el usuario pueda verse beneficiado de este servicio público y que tampoco su calidad es mejorada con estos aumentos.
En el municipio que nos merecemos, el servicio de transporte público debe estar orientado a la calidad y ser regulado (además de bien razonado) los aumentos en sus tarifas, que sean proporcionales a la calidad y a las distancias recorridas, haciendo que tanto el usuario como quien presta el servicio este de acuerdo en el establecimiento de las mismas y que estas sean consultadas para que las medidas tengan el apoyo colectivo; pero además, el gobierno local debe hacer lo propio para que los prestadores de servicio mejoren su calidad en todos sus ámbitos, buscando que sean incorporados a créditos nacionales de sustitución y mejora de sus unidades, como medida de apoyo a este sector.
El municipio que nos merecemos, es un espacio donde el transporte púbico acorte las distancias para el progreso y el desarrollo, y no sea otro obstáculo en la crisis que vivimos. Eso, es lo que nos merecemos.
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