Sin integridad y transparencia no se puede reforzar la confianza de la ciudadanía en lo público, en sus representantes y grupos de interés. La importancia debe estar siempre en el lado de la integridad (aspecto sustantivo) y complementariamente de la transparencia (carácter instrumental en la rendición de cuentas de actividades, resultados y remuneración de los servidores públicos y dependencias). Las crisis económicas y la pobreza son consecuencia de la falta de oportunidades, así como la pérdida de confianza política debido a la eterna cultura de la corrupción en los pueblos latinoamericanos producto de políticas mal encausadas.
Países como Brasil, México, Chile, Argentina, España e Italia, entre otros, destacan en los primeros lugares de baja credibilidad del gobierno por actos de corrupción, desmantelamiento de Instituciones y poca o nula transparencia en sus actividades. En ese sentido, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) puede ilustrar apenas en una parte aproximada a la realidad de la distancia entre la verdad y congruencia de los gobernantes y sus prácticas. Obviamente en Venezuela nosotros tenemos similar credibilidad por nuestros administradores.
La ética institucional estriba en la tendencia dicotómica. La buena o mala ética pública es un espejo en el que se mira la ciudadanía, impregna e influye en la sociedad, replica sus valores y conductas. La integridad institucional ha despertado conforme la corrupción se hacía más presente en el espacio público, como mecanismo reactivo y semillero de los vicios en Instituciones corruptas, dictatoriales y/o populistas. Rendición de cuentas y auditorias son imperativas en la función pública, así como prevenir y consolidar mecanismos internos anti-corrupción. La participación ciudadana y la sociedad debe estar entre los grupos de interés en las cámaras legislativas (regionales y municipales) deben ser incluyentes y sin tráfico de influencias o compadrazgos, para de esta forma recuperar la credibilidad de lo público.
Quienes dirigen o gestionan nuestros asuntos públicos son parte de esa estructura social y trasladan sus valores al ejercicio de su actividad. Nos gusta escandalizarnos de los políticos que tenemos, sin embargo, nunca nos sorprendemos de nuestra baja calidad moral en nuestras acciones cotidianas en la familia, en el trabajo, con la sociedad y nosotros mismos. No puede haber políticos íntegros moralmente o políticos transparentes en su totalidad cuando la sociedad no ha interiorizado esos valores.
En el MUNICIPIO QUE NOS MERECEMOS, exigimos lo que damos, comprendemos que debemos ser parte de la transformación necesaria para hacer una sociedad más justa, inclusiva y sobre todo con firmes valores, de allí la importancia de la participación en los asuntos públicos debe ser cada día más elevada, de esta forma despertaremos la necesidad de hacerlo mejor y seguramente se hará mejor, porque los ciudadanos estarán involucrados en lo público y no serán simples espectadores de las decisiones.
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