La gestión integral de residuos y desechos sólidos es un servicio público que el Estado (Alcaldía = recolección, Gobernación = disposición final) deberá garantizar y donde el mismo debe ser prestado de manera continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida y en corresponsabilidad con la comunidad organizada. El derecho de la comunidad organizada y del ciudadano, a participar en esta materia es reconocido por la Ley de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos y en consecuencia, el Estado debe tomar las acciones necesarias para facilitar una efectiva participación de los ciudadanos.
La información y la educación son aliados importantes para una participación efectiva del ciudadano y también para facilitar el cumplimiento de sus propios deberes, pues esa alianza permite a un mayor sentido de pertinencia ante este tema y en consecuencia una mejor respuesta del ciudadano para:
Cumplir con las recomendaciones y normas en esta materia.
Hacer la disposición y almacenaje de los residuos y desechos sólidos de acuerdo a las normas sanitarias y ambientales para facilitar su recolección.
Abstenerse de arrojar residuos y desechos fuera de los sitios, recipientes y contenedores colocados para su acopio; así como de colocarlos fuera de los horarios establecidos para la recolección.
Para lograr que haya un importante nivel de cumplimiento de estos tres deberes expresamente señalados en la Ley, resulta muy útil que los diferentes niveles de gobierno impulsen espacios para la divulgación, el conocimiento y la discusión de la ordenanza que regula esta materia. La aprobación de un horario y colocación de depósitos sin un proceso previo de sensibilización ciudadana sobre la importancia de esas acciones, es un fracaso al resultado esperado. Es de resaltar que el artículo 268 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece expresamente que el Concejo Municipal mediante reglamento, puede impulsar comisiones de vecinos, a través de las cuales, estos puedan vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos, por lo tanto, si los ciudadanos están obligados a informar a las autoridades sobre este servicio público, entonces es perfectamente viable crear esta clase de comisiones como espacio formal e institucional de interacción entre vecinos y autoridades locales para evaluar y monitorear el servicio público de gestión integral de desechos y residuos sólidos.
En el municipio que nos merecemos, la participación ciudadana además de ser un derecho, también es asumida por el legislador como un deber ciudadano, y en este sentido, el deber se orienta hacia la participación en programas de sensibilización, educación, reducción de la generación de residuos y desechos, así como la recuperación, reutilización y reciclaje de envases y empaques. En momentos donde el servicio de recolección de desechos y residuos sólidos está en crisis, cobra importancia la necesidad de interactuar ciudadanos y autoridades en la búsqueda de posibles soluciones o acciones que mitiguen los efectos de la crisis existente. Es por eso, que figuras como las planteadas, pueden terminar presentando recomendaciones en un cabildo abierto para que desde ese espacio constitucional se logre aprobar un plan de contingencia, si el nivel de la crisis así lo exige, de manera corresponsable con los ciudadanos.
En el municipio que nos merecemos, la participación ciudadana en las crisis es de vital importancia y junto con el gobierno local plantean soluciones accesibles, inmediatas, eficientes y eficaces a nuestros problemas. Eso, es lo que nos merecemos.
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